
El acuerdo fija un incremento neto anual mínimo de permisos de residencia de larga duración para ciudadanos de la UE (hasta 2037, según el texto):
| Cuota mínima anual | |
|---|---|
| Andorra | 7% |
| San Marino | 3% |
| Liechtenstein | 1,5% |
Para los nacionales de la UE sin actividad económica, el incremento neto anual mínimo de permisos es del 2,5%; para los permisos de corta duración (12 meses o menos) con actividad económica, del 5% (anexo VIII).
Esta presión se suma a la crisis de la vivienda y a la tensión sobre los servicios públicos.
Normas de residencia: Directiva 2004/38
La Directiva 2004/38/CE (libre circulación y residencia de los ciudadanos europeos y sus familiares) forma parte del anexo VIII y se interpreta de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE (art. 85.2). El secretario de Estado para las Relaciones con la UE lo confirmó públicamente en agosto de 2026.
Los familiares de los ciudadanos de la UE que residan legalmente en Andorra tienen derecho a un permiso de la misma validez; el agotamiento de la cuota anual no puede invocarse para denegárselo, ni siquiera si quieren ejercer una actividad económica.
No hace falta permiso de residencia para estancias inferiores a 3 meses si no se ejerce actividad laboral ni económica permanente. El capítulo IV de la Directiva (residencia permanente, en general a los 5 años de residencia legal continuada) se aplica a Andorra.
Un trabajador comunitario que pierde el empleo de forma involuntaria conserva el estatuto de trabajador —y por tanto la residencia— si se inscribe en el servicio de empleo competente (art. 7.3 de la Directiva).
Antecedentes penales
La cuota regula el ritmo de llegadas, pero no las condiciones para residir: las fija la Directiva, y Andorra pierde margen para rechazar residentes con antecedentes penales.
El Acuerdo no establece ningún sistema de verificación oficial de antecedentes penales: el anexo VIII solo añade una autodeclaración de condenas anteriores. Los antecedentes penales por sí solos no permiten denegar la residencia (Directiva 2004/38, art. 27.2); pedir información policial solo es posible en casos considerados indispensables, no de rutina (art. 27.3). Tampoco pueden exigirse revisiones médicas de rutina (art. 29).