¿Qué cambia para Andorra con el Acuerdo UE?

Soberanía y justicia

• Las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) pasan a ser vinculantes para Andorra (art. 96): el derecho europeo se interpretará de manera uniforme, por encima del criterio andorrano.
• El art. 65 de la Constitución exige una mayoría de dos tercios del Consejo General para ratificar tratados que ceden competencias legislativas, ejecutivas o judiciales: el Acuerdo cede las tres.
• El acuerdo puede aplicarse de forma provisional antes de la ratificación o del referéndum. La Ley de tratados actual no lo permite, pero puede reformarse por mayoría ordinaria y abrir esta vía sin necesitar los dos tercios del Consejo General.
• La aplicación provisional ya sustituiría el Acuerdo aduanero de 1990: el Protocolo de Andorra (art. 4) establece que la nueva unión aduanera lo «sustituye y sucede», y el Protocolo marco 2 no lo incluye entre los acuerdos que se mantienen. Nada garantiza que reviva si la ratificación acabara fracasando.
• Los críticos denuncian que la UE ha marcado los plazos y las condiciones, con poco margen de negociación para Andorra.

Inmigración y presión demográfica

El acuerdo fija un incremento neto anual mínimo de permisos de residencia de larga duración para ciudadanos de la UE (hasta 2037, según el texto):

• Los controles cualitativos se debilitan: será más difícil denegar o revocar una residencia por antecedentes penales o motivos de seguridad pública, evaluados según los estándares de la UE y del TJUE, no según los criterios andorranos, más estrictos.
• Esta presión se suma a la crisis de la vivienda y a la tensión sobre los servicios públicos.

Vivienda y libre circulación de capitales

• El acuerdo prohíbe restringir la libre circulación de capitales (art. 27): no se podrán limitar las compras inmobiliarias por parte de residentes de la UE, incluidas las segundas residencias.
• Esto dificulta o imposibilita medidas de protección como favorecer a los residentes locales en el acceso a la vivienda.
• San Marino obtuvo protecciones en este ámbito; Andorra, no.

Modelo de país y tejido social

• Protecciones insuficientes para los trabajadores locales y la economía del país; los sindicatos han criticado la falta de consulta.
• El alineamiento con la UE cambia el modelo andorrano de forma prácticamente irreversible y puede implicar al país en riesgos y conflictos externos.

Proceso democrático

• Negociación percibida como precipitada, sin las protecciones que otros microestados obtuvieron.
• El referéndum no es, en Andorra, ni obligatorio ni vinculante: su carácter «vinculante» depende de un compromiso político, no de una obligación constitucional.
• Retrasos reiterados del referéndum prometido en el programa electoral 2023–2027, mientras avanza la firma y se debate la aplicación provisional.
• Se puede firmar el Acuerdo antes de consultar al pueblo, y después pedir ratificación en un escenario ya condicionado.
• Las encuestas muestran una oposición fuerte o una gran indecisión de la ciudadanía, con variaciones según el colectivo.

Acuerdo mixto y calendario europeo

• El Consejo de la UE ha confirmado que el Acuerdo es mixto: hacen falta la ratificación del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los 27 Estados miembros, un proceso que puede alargarse años.
• Eso puede situar la consulta andorrana al final de la cadena, después de que otras capitales ya se hayan pronunciado.
• El calendario lo han condicionado actores externos: el bloqueo de meses por la reserva de Bulgaria, la salida previa de Mónaco o los ritmos de San Marino y de la UE; Andorra ha tenido poco control real sobre los plazos.

Estado del proceso (julio 2026)

• El Consejo de la UE ha aprobado el texto y autoriza la firma y, en el plano europeo, la aplicación provisional de partes del Acuerdo.
• El Gobierno afirma que Andorra no puede aplicar el Acuerdo provisionalmente sin ratificación del Consejo General tras el referéndum; los críticos alertan de que una reforma de la Ley de tratados podría abrir esa puerta.
• Pasos previsibles: firma → (eventual) aplicación provisional a escala UE → referéndum y ratificación en Andorra → ratificaciones en los 27 Estados miembros y en el Parlamento Europeo → entrada en vigor plena.
• El Gobierno ha advertido de posibles «represalias» europeas si un futuro ejecutivo aparca el Acuerdo tras las elecciones de 2027; la oposición lo interpreta como presión política y reclama argumentos de fondo y fecha de consulta.